En uno de los primeros textos de ética médica, el
Juramento Hipocrático, atribuido al propio Hipócrates o a uno de sus
discípulos allá por el siglo V antes de nuestra era, se hace jurar al
futuro médico sobre la siguiente frase: “No administraré abortivo a mujer alguna”. Esta
promesa nos debe hacer reflexionar sobre el sentido de la frase, pero
también sobre la realidad que asumía. Una realidad de la cual formaba
parte el aborto.
¿Qué causa tan poderosa y constante
lleva a que una decisión como la interrupción voluntaria del embarazo
esté presente a lo largo de toda la historia, y a que la actitud de las
sociedades levantadas sobre las referencias masculinas haya sido siempre
la misma: obligar a la mujer que "padece" un embarazo no deseado a
continuar con él a lo largo de toda su vida? Sí, digo bien, a lo largo
de toda su vida, porque un embarazo no deseado no dura 9 meses, sino
toda una vida.
26 siglos después, la respuesta de
Gallardón es la misma, porque 26 siglos después la desigualdad impregna
los valores de una mentalidad conservadora que entiende que las mujeres
están para cumplir con los designios de una cultura androcéntrica y con
las funciones encomendadas, entre ellas la maternidad. Pero como la
sociedad ha evolucionado y el conocimiento crítico ha aumentado por más
que le pese a algunos, el Gobierno ha necesitado recurrir a una serie de
falacias para hacer verdad su mentira y presentar la limitación de los
derechos de las mujeres como un avance social. Entre esas falacias
encontramos la siguientes:
- Presentan el aborto como
un problema derivado de la libertad sexual o de la llamada "ideología
de género", y surgido en fechas recientes por la deriva progresista de
la sociedad, cuando ha estado presente en cualquier momento de la historia.
- Intentan confundir a la sociedad con un mensaje que presenta la
libertad de las mujeres para decidir sobre su maternidad con una
"obligación a abortar".
- Hablan de defender la vida
del "concebido" como objetivo, pero en realidad entran en contradicción
al admitir que en los casos de violación se puede practicar un aborto.
Todo el mundo entiende el impacto de una violación sobre la mujer, pero
si el argumento del Gobierno es que la vida del embrión está por encima
del daño psicológico de la mujer, ¿por qué se admite sin más el aborto
en casos de violación sin comprobar el impacto que tiene sobre las
mujeres, y si este ocasiona un grave peligro a la salud psicológica de
la madre? No le importa entrar en contradicción con tal de evitar el
conflicto social que sería obligar a continuar con el embarazo derivado
de una violación, ya que este supuesto para abortar es admitido por la
sociedad de forma mayoritaria.
Y tampoco le importa mucho la salud psicológica de la madre al quedar ésta en un segundo plano ante dos hechos:
- Las anomalías fetales que justifican el aborto por ocasionar un
"grave daño psicológico a la mujer" tienen que ser incompatibles con la
vida del feto. Si las anomalías son compatibles con la vida del recién
nacido y se genera un "grave peligro" para la salud psicológica de la
madre, no se hará nada.
- Si las anomalías fetales se
detectan antes de la semana 22, pero el grave peligro para la salud
psicológica de la mujer se manifiesta después de esa semana, aunque las
alteraciones del feto sean incompatibles con la supervivencia del recién
nacido, la madre seguirá sufriendo de por vida. El feto muere, pero
ella sufrirá todo el tiempo que esté viva.
Como se
puede comprobar se trata de una ley trampa para las mujeres y para la
sociedad que esconde el engaño en su propio nombre, "Ley Orgánica de
Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer
Embarazada". Engaña porque no protege al concebido en todos los casos,
ni mucho menos los derechos de las mujeres embarazadas, que son negados
de entrada para que no pueda decidir, y después quedan supeditados a lo
se decida sobre la vida del concebido, aunque este no vaya a vivir
debido a las alteraciones que padece.
Lo que
demuestra esta ley, Gallardón, Rajoy, el Gobierno y el PP, es que no se
admite la igualdad ni la libertad de las mujeres para decidir sobre su
maternidad, y que su decisión debe quedar al arbitrio de un tutor, que
cuando son mayores es el Estado y cuando son menores de 18 años, pero
mayores para decidir sobre cualquier otro acto médico, son sus padres.
Unos padres que pueden decidir por ella hasta el punto de, por ejemplo,
obligarla a no abortar aunque se dé alguno de los supuestos admitidos
para interrumpir el embarazo. De manera que una
chica de 17 años violada, que queda embarazada y que decide abortar, si
sus padres no lo autorizan tiene que continuar con el embarazo.
Terrible, pero eso lo que dice la nueva ley.
Lo que no explica el ministro Gallardón en su intento de confrontar lo
que presenta como una decisión de las mujeres irreflexiva, imprudente e
infantil con la trascendencia de una "vida concebida", es bajo qué
argumento se puede obligar a una mujer que no desea un embarazo a
continuar con él a la fuerza. Ni siquiera la "idea de vida" del
concebido es suficiente cuando, por ejemplo, a profesionales que se
enfrentan a peligros objetivos como parte de su trabajo, tal y como
sucede dentro de la medicina, la policía, el servicio de bomberos… no se
les obliga a asumir determinados riesgos para salvar la vida de una
persona con todo un proyecto vital real y en marcha. En cambio, una
mujer embarazada sí debe asumir todos los riesgos que se presenten, bien
en la continuación del embarazo, o bien al someterse a una interrupción
voluntaria en condiciones sin garantías sanitarias para proteger la
"vida del concebido".
No deja de ser curioso que
desde el mismo Ministerio del Sr. Gallardón cuando un hombre convicto al
que se diagnostica que tiene riesgo de agredir a una persona, como
ocurre con los maltratadores en violencia de género, sean los jueces y
juezas quienes tengan que decidir si se coloca o no una pulsera para
controlar el cumplimiento de la distancia de seguridad a la víctima,
puesto que al llevarla se limitan sus derechos, y que, en cambio, se
pueda obligar a una mujer a llevar hacia delante un embarazo en
condiciones que afectan a sus derechos y a su propia vida.
Entiendo que se pueda criticar a las mujeres por decidir interrumpir el
embarazo, y que desde la religión se las condene al castigo eterno,
pero creo que la libertad está por encima de quien no comparte esas
ideas, y que vivir en democracia significa respetarlas.
La solución al aborto está en la prevención a través de la educación
sexual, tal y como desarrolla la actual ley, no en esconder la realidad y
las propias cifras de los abortos que se van a producir tras la cortina
oscura de lo que suceda al margen de la ley, o más allá de nuestras
fronteras. Esconder la realidad no la cambia, es, sencillamente, otra falacia.
