No es la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico, un grupo antisistema ni una alianza revolucionaria de
objetivos anticapitalistas, ni ha sido en su trayectoria una
institución que se haya caracterizado por defensas radicales de la
igualdad y los derechos de los más débiles. No es la OCDE, hasta donde
uno sabe, una oficina internacional comprometida con la ruptura de un
mundo desequilibrado ni abanderada de posiciones de izquierda
revolucionaria.
Cierto es que desde los años 60, como heredera del viejo Plan Marshall,
buscó impulsar el desarrollo comercial y económico del mundo que salía
de la postguerra, pero siempre mirando más a que los capitales pudieran circular libremente que a que circulara libremente la justicia social.
Pero he aquí que en último estudio conocido de ese organismo
internacional, que se ha centrado en tomar la temperatura a las
desigualdades sociales, nos hemos encontrado con que sus conclusiones
alimentan el argumentario más elemental de lo que por el territorio
mental de nuestro conservadurismo patrio se considera rancia izquierda
destructiva: la crisis la están pagando los más pobres y los más ricos ni se enteran.
Me pregunto si ese político madrileño con responsabilidades de gobierno
que compara las marchas por la dignidad con las movilizaciones de la
extrema derecha griega habrá intuido que los que marchan, quienes les
apoyan, los indignados, la gente sensible y cabreada que sale a la
calle, o incluso quienes son capaces de contemplar la realidad nacional sin el velo de la convicción partidista,
comparten la misma idea de que quien está sufriendo con más violencia
la crisis son los más pobres, los más débiles y los que menos han tenido
que ver en su estallido, mientras los más ricos, los que más tienen,
los que mejor vivían, poco o casi nada han perdido y para ellos las
cosas no han cambiado apenas. Una obviedad que se observa prestando la
más mínima atención, pero que ha venido a remachar, con la autoridad que
a veces da la distancia, la OCDE en ese último informe.
Porque según el estudio, entre 2007 y 2010, los españoles con menos
ingresos perdieron alrededor de un 30% de lo que tenían, mientras que
entre las rentas más altas, el 10% del total de la población, el
descenso apenas rozó el 1%. España, según el informe, es el octavo país con mayor desigualdad después de economías como las de Chile, Turquía, Estados Unidos o Reino Unido.
Curioso contemplar cómo la propia OCDE llama la atención sobre el hecho de que en países del grupo de los ricos aumentan las diferencias entre los que ganan y los que pierden,
añadiendo además un matiz que aquí nos resulta familiar: este aumento
de la brecha se debe entre otras cosas a la pérdida de los niveles de
protección social amparados en la crisis con un paro fuera de control.
Sostiene la OCDE, que insisto no es una ONG ni un grupo radical, que “resulta
altamente improbable que la recuperación económica vaya a solucionar la
crisis del mercado de trabajo y la crisis social en España” y que “la prioridad absoluta es dar ayuda a los grupos más desfavorecidos”.
Insiste el gobierno español que ya se van viendo signos claros de recuperación y que las cosas empezarán a cambiar en breve.
Falta hace. Pero en el camino han dejado morir de inanición un sistema
de prestaciones sociales, un entramado de protección a los que menos
tienen que va a ser muy difícil de recuperar, más aún cuando la situación actual requiere de mucho más esfuerzo solidario que la que había cuando esos mecanismos estaban en vigor.
España campeona también en desigualdad. Y no lo dicen
los que gritan en las manis, que también. Lo cuenta en su último informe
la OCDE. A ver si va a tener razón la calle.
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